MAYOR CRISIS EDUCATIVA
E INJUSTICIA PARA EL MAGISTERIO
Para nadie es un secreto, de
que, si realmente queremos un país moderno y desarrollado eso va a depender de
la buena educación que hoy reciban los niños y jóvenes, para lo cual el Estado debe
garantizar el financiamiento de la misma, desde el año 2003 el Art. 83º de la
Ley Nº 28044 establece que se debe asignar no menos del 6% del PBI para la
educación nacional, han pasado una década y para el 2013 no se va ha llegar una
vez más al 3% del PBI para educación. En el país la clase dirigente y sus funcionarios
se rasgan las vestiduras hablando de educación de calidad, de excelencia
educativa, etc. pero esas palabras no se expresan en hechos, no existe voluntad
política de financiar adecuadamente a la educación, por lo tanto la educación
nacional carece de los medios y recursos para mejorarla, pero como la crisis es
inocultable el gobierno y sus funcionarios han recurrido a lo más fácil echarle
la culpa de la crisis a los maestros y maestras y por lo tanto, hay que castigar a los responsables.
Hay que aclarar que la mayor responsabilidad de la crisis educativa es del
Estado y la sociedad.
Las políticas educativas que
el Estado implementa en la educación pública peruana no cumple con impulsar
efectivamente el desarrollo social, económico y nacional del Perú. Ningún
gobierno de estas últimas décadas ha dado medidas globales y pertinentes para
solucionar la crisis educativa. Por el contario el estado desde la década de
los 90 ha minusvalorado la escuela pública para dar primacía al sector privado.
Y que la concepción básica de la Ley General de Educación es que la escuela
pública va a mejorar aplicándole recetas de la administración empresarial.
Como el magisterio es el
chivo expiatorio de la crisis educativa se busca domesticarle, acallarlo y
someterlo vía leyes que penalicen la labor docente, a eso obedece el proyecto
de Ley de Reforma Magisterial que no es otra cosa que la expresión de la dañina
acción del gobierno en contra de la educación pública. Quiere convencer a la ciudadanía
que ajustando o presionando con el despidiendo al profesorado va a “trabajar
bien”, con eso se va a superar la crisis educativa, evadiendo así olímpicamente
la responsabilidad del Estado y seguir asignando presupuestos reducidos a la
educación nacional.
En el año 2007 ya ha fracaso
en su intento de doblegar al magisterio con la Ley Nº 29062 Ley de la Carrera
Pública Magisterial y que en la actualidad apenas 16% del magisterio nacional
esta ubicado en citado régimen laboral, algunos maestros iban con el anhelo de
ganar más, pero la gran mayoría del magisterio prefirió su estabilidad y
derechos adquiridos, antes que someterse al vil chantaje de renunciar a la Ley
del Profesorado a cambio de incentivos económicos. El principal impedimento que
ven los neoliberales para despojar de sus derechos al magisterio es la Ley del
Profesorado, por ello primero generaron normas de menor jerarquía que la
contradigan como es el caso del DS Nº 051-91-PCM que redujo el cálculo de los
beneficios de remuneraciones totales a remuneraciones totales permanentes,
seguidamente se congelo los ascensos por más de una década, finalmente hoy
quiere derogarla vía el proyecto de Ley de Reforma Magisterial.
El gobierno y sus
funcionarios declaran que ellos quieren “la evaluación como medio de ajustar a
esos maestros mediocres y sacarlos de las aulas para mejorar la educación”. Se
ve, a las claras, que quienes afirman esto, desconocen el verdadero significado
de lo que es evaluación y la reducen a meras pruebas que no reflejan lo que
sucede en el aula. La evaluación es un componente inherente a todo el proceso
educativo por el cual, se van detectando las debilidades o desvíos que hay en
una actividad educativa, para en el acto ir corrigiéndolas y no esperar a que
concluya para recién corregir. Por ello la evaluación que propone el gobierno
en su proyecto de ley es conocida con el nombre de evaluación punitiva que se
basa en concepciones arcaicas (esclavismo-servilismo) de que a través del miedo
y el terror las personas van a trabajar mejor, para ello condicionan con
despidos o reconversiones laborales a quienes no aprueben las evaluaciones. La
pedagogía y la didáctica ciencias fundamentales de la educación en sus diversas
teorías coinciden en afirmar que la evaluación debe tener un carácter formativo
y no punitivo, la evaluación es inherente a todo acto humano y por lo tanto no
puede satanizársela como una herramienta de despido o exclusión a los profesionales
de la educación como si fuéramos objetos descartables.
Los funcionarios del MINEDU
muchos citan y nos llaman a copiar el modelo educativo chileno que ha marginado
a las mayorías en provecho de una pequeña minoría, motivo el cual hoy el
estudiantado y sociedad chilena exige educación gratuita. Pero el MINEDU para
el 2013 pretenden anular el DCN e imponer la programación curricular por “mapas
de progreso” que en Chile han fracasado y han sido desechado porque en nada a contribuido
a mejorar la educación chilena, pero para el próximo año nos van obligar a
emplear algo no que no sirve, de ¿quien será el negocio?. Así como el negocio
de las evaluaciones, en Chile anualmente apenas han logrado evaluar a 15 mil
maestros anualmente. El otro tema es el presupuesto, el hecho que no se quiera
consignar el monto de las asignaciones y se deje para que en el futuro lo establezca
el Ministerio de Economía y Finanzas, nos demuestra que el propósito no es
mejorar la labor docente en su desarrollo, en sus remuneraciones y méritos, el propósito
principal es humillar al magisterio, acallarle y someterse a un régimen laboral
injusto y explotador.
No se trata de gobernar con
autoritarismo y de espaldas a las necesidades del pueblo, hoy que el país tiene
su economía en azul, la distribución del bienestar no debe quedarse en las minorías
poderosas que detentan el poder económico, sino que el bienestar debe llegar al
pueblo, para mejorar la calidad de vida de los hogares peruanos y por efecto
los niños y jóvenes lleguen a las aulas mejor alimentados para poder aprender
más.
Ángel Agustin Salazar Piscoya
DECANO NACIONAL CPPe
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