PRONUNCIAMIENTO DEL CPPe

PRONUNCIAMIENTO

COLEGIO DE PROFESORES DEL PERÚ

El Consejo Nacional de Decanos del Colegio de Profesores del Perú, en su sesión extraordinaria del 25 y 26 de agosto del año dos mil doce,  la Orden Profesional está comprometida con el desarrollo del país,  en su ideario por afirmar el auténtico sentido de la profesión  docente y con plena representación, reconoce que se debe establecer un marco normativo único y mejorado que regule la Carrera Pública del Profesorado, preservando y ampliando los derechos adquiridos, estableciéndose una remuneración justa, que promueva la permanente especialización y perfeccionamiento, así como reconozca los méritos del docente en igualdad de oportunidades, generando mejora en su calidad de vida, y por ende, repercuta en mejores aprendizajes. 

Con la responsabilidad que caracteriza a la Orden  Profesional y efectuado el análisis de la coyuntura política nacional y educativa es que nos pronunciamos respecto al Presupuesto de la República para el año 2013 y sobre el Proyecto de Ley de Reforma Magisterial consideramos necesario presentar al Congreso de la República, a los profesionales de la educación y a la opinión pública las observaciones siguientes:

1.       La educación es un derecho de todo peruano y peruana, por lo que no se puede seguir asignándosele magros presupuestos, como el que se pretende asignar para el año 2013 que apenas llega al 3% del PBI, incumpliendo así el Art. 83º de la Ley General de Educación Nº 28044 que ordena a que el Estado debe asignar no menos del 6% del PBI para educación, desde año 2003 esto es letra muerta. Por lo que exigimos al gobierno y al MEF que cumplan con la Ley y se asigne el 6% del PBI para educación y se acabe con la marginación y la exclusión a la educación nacional.

2.       Toda reforma debe suponer mejora para promover un autentico desarrollo profesional del magisterio y la educación, pero del análisis realizado podemos resumir que el proyecto de ley presentado por el ejecutivo es todo lo contrario o sea nos encontramos ante una contrarreforma que se expresa en lo siguiente:

a) El proyecto de reforma, no establece con claridad la responsabilidad del Estado y de la sociedad para con la educación nacional, así mismo evade asignar la responsabilidad del gobierno en la formación inicial de los docentes, delegándola a la centros de formación magisterial pública o privada.

b) El Proyecto no incorpora  en el texto la participación de la Orden Profesional en los procesos de evaluación del desempeño, más aún si la ley del SINEACE, precisa la obligatoriedad de la orden de certificar las competencias profesionales. Obvia la obligatoriedad de la habilitación del CPPe para el ejercicio de la profesión.

c) Imprecisiones respecto a los beneficios remunerativos, estímulos reconocimientos a los docentes de las zonas rurales y de frontera, postergando a futuros decretos del MEF, el desconocer el 30% por preparación de clases y evaluación que ha debido incrementar las remuneraciones de los docentes dado por Ley y ordenados por mandatos de los tribunales de SERVIR, judicial y Constitucional, y que el estado se niega a pagar. Si la escala remunerativa responde al mérito y a las condiciones de desempeño, no puede entonces estar sujeta a criterios del MINEDU y del MEF, tal como precisa el proyecto de LRM.

d) Coincidimos plenamente en la cautela de los  derechos de los estudiantes a recibir una educación de calidad desde la intervención de los docentes.  La educación  es una convergencia de factores que determinan los niveles de calidad de los  procesos y resultados y la responsabilidad del éxito o fracaso de la dinámica escolar, está  depositada en los docentes, pero la mayor responsabilidad de generar las condiciones más adecuadas para el éxito educativo lo tiene el Estado que debe mejorar la calidad de vida de los hogares peruanos y que los estudiantes lleguen a las aulas debidamente alimentados para que aprendan más.

e) El acto de reconocer los méritos al docente constituyen parte de la motivación positiva, pero recortar estos derechos a asignaciones por única vez en lugar de apoyar la superación magisterial la entraba. Reiteramos que todo incentivo remunerativo al docente debe ser de por vida y pensionable.

f) Las causales de sanciones administrativas o cese definitivo producto del no cumplimiento de deberes y obligaciones, debe ser como resultado de un debido proceso administrativo, en donde se ejerza el derecho a la defensa y se garantice la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, tal como lo establece la Constitución Política y la Ley N° 27444, no se puede crear un ambiente de hostilización y persecución al profesional de la educación.

g) Los ocho niveles de desarrollo magisterial que contempla el proyecto o el cambio de nombre en el proyecto sustitutorio, reduce en la práctica las posibilidades de ascenso del profesional, y profundiza las brechas de una estructura piramidal que fija porcentajes y vacantes limitadas (basado en un criterio de racionalidad del gasto) para el ascenso. Se debe promover concursos extraordinarios anuales para que el docente ascienda de inmediato por su buen desempeño, grados académicos obtenidos, producción intelectual o investigación educativa, no se puede congelar al profesional de la educación a esperar a la vejez para alcanzar el máximo nivel y la mayor remuneración. 

h) Programa de formación continua descentralizada con rectoría y asistencia técnica del Ministerio de Educación, ágil, flexible con entidades/profesionales solventes, que responda a las demandas de   formación del profesorado y al desarrollo de las regiones.

i) La evaluación debe ser carácter formativo, a través de la cual se acompaña al docente en sus desempeños en el aula, y en forma permanente se va superando sus debilidades y se potencia sus capacidades profesionales, por lo que se debe quitar todo criterio sancionatorio o disciplinario a la evaluación porque no serviría de nada para mejorar la calidad de educación. Por ello rechazamos las evaluaciones punitivas que busquen despedir maestros o reconvertirlos laboralmente.

3°. Ante esta situación el CPPe se reafirma en su Proyecto de Ley N° 0856-2011-CP que pide la Plena Vigencia de los artículos 48°; 51° y 52° de la Ley del Profesorado, así mismo hemos presentado un proyecto N° 01469-2012-CP en el que pedimos el mejoramiento de la Ley del Profesorado en lo referido a su Carrera Pública. Llamamos al Presidente de la comisión de educación a escuchar la opinión especializada del CPPe y no adelantar opiniones nada democráticas como que se va aprobar el Proyecto de Ley del Ejecutivo con algunos agregados que alcance el magisterio.  

El viernes 21 de setiembre hemos hecho la primera presentación del CPPe ante la Comisión de Educación del Congreso de la República y para el viernes 05 de octubre tendremos la segunda presentación en donde estamos defendiendo la vigencia de la Ley del Profesorado.

Lima, 25 de setimebre de 2012

Angel Agustin Salazar Piscoya

DECANO NACIONAL

LAS CLASES DOMINANTES SIEMPRE HAN IMPEDIDO QUE EL PROFESORADO HAGA CARRERA PÚBLICA

LAS CLASES DOMINANTES SIEMPRE HAN IMPEDIDO QUE EL PROFESORADO HAGA CARRERA PÚBLICA

El escenario actual a primera impresión aparece aparentemente un Estado preocupado por que se dé una ley de Reforma Magisterial, para que los maestros hagan “Carrera Pública”, vemos a congresistas, a la prensa derechista, a los caviares, a quienes no son especialistas en educación, dando discursos y palabreos sobre la educación y el magisterio. La ministra de educación y sus funcionarios, organizando y financiando eventos en donde hablan de las supuestas bondades de la reforma magisterial, así despilfarran los fondos educativos pagando a patrocinadores, que les hagan publicidad y tratando de vender a los maestros que la actual Ley del Profesorado no va más, que es arcaica, que esta desfasada, que no sirve, que esta congelada, que la estabilidad laboral ya no existe, etc. A todo este coro, se han sumado los sindicalistas de patria roja que señalan que el SUTEP ya fue derrotado (Juan Contreras – Carabayllo 18/09/2012) cuando se dio la Ley Nº 29062 y que la salvación es una nueva Ley del Profesorado que unifique al profesorado y que debemos aceptar la estabilidad relativa y una forma de proteger al docente que no apruebe las evaluaciones, es su reconversión laboral y pase brindar apoyo pedagógico o administrativo en la institución educativa, en otras palabras, aceptan que se humille al profesor y se eche al tacho de la basura su titulo profesional. A que tiempo hemos vuelto donde felipillos y felones disfrazados de dirigentes sindicales se ponen al servicio del patrón. Como el CEN del SUTEP y los sindicalistas de patria roja se sienten derrotados han bajado sus banderas de lucha, así pueden justificar su claudicación ante el gobierno aceptando la perdida de los derechos adquiridos y sumándose a quienes quieren la derogatoria de la Ley del Profesorado, por eso han dicho, que el debate su propuesta ya está en el Congreso y la huelga lo que tiene que conseguir es un mayor aumento o sea una migaja más y los derechos adquiridos que lo decidan los congresistas.

Que, existen leyes especiales para el profesorado eso es evidente, que allí están consagrados sus derechos eso es obvio, ¿pero estos derechos se cumplan? o que el profesorado pueda ejercerlos plenamente, eso es lo que está en debate o cuestión.  Bueno los únicos preocupados por hacer Carrera Pública siempre han sido y serán los maestros y maestras, de parte del gobierno en los últimos 60 años su accionar ha sido dar leyes que norman la carrera pública y antes que se implemente, da otras normas recortan o impiden que la ley magisterial se cumpla o entre en plena vigencia o sino es derogada. Hay quienes se han rasgado las vestiduras en nombre del magisterio y la educación, pero las leyes a favor del magisterio han seguido el camino del archivo, el olvido y la muerte anunciada.

En el Informe que en 1964 presenta el Presidente Belaunde al Congreso de la República, dominado por la Coalición APRA-UNO, se decía lo siguiente:

“De acuerdo a la moderna teoría del desarrollo, es imposible iniciar una dinámica de transformación estructural sin una adecuada transformación de las aptitudes humanas. Esto sólo puede lograrse a través de un sistema pedagógico eficaz. Lo que quiere decir que, en países como el nuestro, el Magisterio es una de las claves fundamentales del desarrollo. Mientras una nación que ha decidido iniciar su desarrollo no cuente con una clase magisterial que goce de prestigio, que posea un nivel económico aceptable en relación con las condiciones imperantes, y que tenga una aguda conciencia de su misión histórica, es imposible tener seguridad en el éxito. Por esta razón, el presente Régimen, desde el comienzo se ha empeñado en dar al Maestro Peruano la situación económica que le corresponde y la jerarquía y dignidad que exige su responsabilidad histórica.

El Mensaje del Presidente Belaunde en julio de 1965 refiriéndose a la Ley del Magisterio, expresaba;

"Es innegable que el Magisterio es una de las piedras angulares en las que reposa todo intento de transformación de desarrollo económico. No han faltado críticos, que por falta de percepción de la trascendencia que tiene la tarea magisterial, o por mezquinos propósitos, han pretendido empañar el esfuerzo que la Nación llevó a cabo en bien de los maestros, considerando como "exceso de gasto público" del Sector Educación de esos años, la aplicación de la Ley del Magisterio Nº 15215.

Ya conocemos la historia, citada norma quedó en tinta sobre el papel, la oligarquía asfixio de recursos para el desarrollo magisterial y posteriormente vino el golpe militar del Gral. Juan Velasco Alvarado y tiempo después el 29 de enero 1980 el Gral. Francisco Morales Bermúdez Cerrutti promulga el Decreto Ley Nº 22875 “Ley del Magisterio”, que posteriormente cuando se recobra la democracia va a ser derogado por la Ley del Profesorado.

El magisterio el 3 de junio del año 1984 inicia una huelga nacional por mejoras profesionales, sociales y económicas, obligo a acelerar al Congreso de la República la dación de la Ley del Profesorado Nº 24029. Palabras del Arq. Fernando Belaunde Terry al promulgar la Ley del Profesorado el 14 de diciembre de 1984

“Desde luego no se trata de una ley demagógica, de una ley de dádivas; el Perú sabe muy bien que ese tipo de legislación no conduce a un verdadero mejoramiento y que muchas veces también empobrece al país, complica y hace más complejos sus problemas. Por eso, agradecemos a los señores legisladores que han alcanzado una autógrafa que constituye un esfuerzo serio por reconocer lo que significa el magisterio, el profesorado y por dar los pasos pendientes a fin de que pueda realmente elevar su calidad de vida y sus posibilidades culturales y científicas.”

La Ley del Profesorado estaba dada pero los ascensos de nivel, las mejoras remunerativas se alejaban, el primer gobierno de Alan García dio un manejo partidario del sector por parte del APRA, la educación se convirtió en el botín que festinaban los apristas, hecho que se agravaba con la galopante inflación que reducía todo derecho remunerativo lo que obligo al magisterio a confrontar al gobierno.  Al término del primer gobierno de Alan García se modifica la Ley del Profesorado con la Ley Nº 25212, hecho que fue producto de la huelga magisterial de 1990.

Durante la narco dictadura fujimontesinista para no cumplir con el mandato de la Ley del Profesorado se emitieron normas de menor jerarquía que le contradecían tal fue así el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM norma transitoria que regulo los haberes del sector público, que por mandato constitucional su duración debería ser por seis meses, su vigencia se alargado por más de 21 años. A demás cada ley de presupuesto prohibía los ascensos y así la Ley del Profesorado quedo congelada hasta hoy. El magisterio se vio impedido de hacer CARRERA PÚBLICA y se le condeno a seguir postergado. Posteriormente fue chantajeado, condicionando los ascensos previa renuncia a su estabilidad laboral nos referimos a la Ley Nº 29062 "Ley de Carrera Pública Magisterial" promulgada el año 2007, la misma que hoy esta congelada, porque al Estado no le interesa que el magisterio haga carrera pública, todo lo contrario usa estos congelamientos para seguir progresivamente reduciendo sus derechos y en ese marco presenta el proyecto de Ley de Reforma Magisterial (7/08/2012) para desproteger aún más al profesor. Quieren profesionales de la educación, sumisos, humillados, gana panes y sobre todo temerosos, para que sean dóciles implementadores del sistema neoliberal.

Las excusas o razones que han esgrimido los gobernantes para burlarse del maestro y sus derechos han sido siempre las mismas; los maestros son muchos, no hay disponibilidad presupuestal, hay recesión, cualquier incremento de haberes creará un forado en la caja fiscal o sino usan la mediática de tildarnos de ociosos, haraganes, irresponsables, violentos, burros, etc. Que no merecemos mejor remuneración. Solo Dios sabe cuantas otras y nuevas razones de la sin razón se formularan en el camino. Nosotros, los maestros largamente vejados, que hemos visto y vemos soslayadas nuestras esperanzas de mejores condiciones de vida para nuestras familias, nos remitimos a la historia. Nos seguirán hablando de las "bondades y beneficios" de la nueva reforma magisterial, y que creamos en que si no se aprueba seguiremos conviviendo con el hambre.

Seremos fácil presa de la mediática gobiernista de que el problema es que no queremos evaluarnos, o sino de que trataban las leyes antes citadas, todas ellas hablan de evaluación de concursos para ascender, ¿Por qué no se convocaron los concursos? La respuesta es sencilla: el gobierno no quiere incrementar el gasto público al no querer pagar bien a los que salgan aprobados en dicha evaluación para los ascensos, ni ascenderlos y hasta hoy siguen congelados los ascensos de niveles. HEMOS TENIDO LEYES DESFINANCIADAS. Eso quiere decir que los gobiernos de turno engañan al magisterio y a la opinión pública cuando dicen que buscar revalorar o dignificar al maestro pues esconden que ellos- siguiendo las pautas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc.- solo buscan equilibrio presupuestal público sin crecimiento del gasto salarial educativo para proteger los pagos de la deuda externa peruana.

 

Ángel Agustin Salazar Piscoya

DECANO NACIONAL CPPe

MAYOR CRISIS EDUCATIVA E INJUSTICIA PARA EL MAGISTERIO

MAYOR CRISIS EDUCATIVA E INJUSTICIA PARA EL MAGISTERIO

Para nadie es un secreto, de que, si realmente queremos un país moderno y desarrollado eso va a depender de la buena educación que hoy reciban los niños y jóvenes, para lo cual el Estado debe garantizar el financiamiento de la misma, desde el año 2003 el Art. 83º de la Ley Nº 28044 establece que se debe asignar no menos del 6% del PBI para la educación nacional, han pasado una década y para el 2013 no se va ha llegar una vez más al 3% del PBI para educación. En el país la clase dirigente y sus funcionarios se rasgan las vestiduras hablando de educación de calidad, de excelencia educativa, etc. pero esas palabras no se expresan en hechos, no existe voluntad política de financiar adecuadamente a la educación, por lo tanto la educación nacional carece de los medios y recursos para mejorarla, pero como la crisis es inocultable el gobierno y sus funcionarios han recurrido a lo más fácil echarle la culpa de la crisis a los maestros y maestras y por lo tanto, hay que castigar a los responsables. Hay que aclarar que la mayor responsabilidad de la crisis educativa es del Estado y la sociedad.

Las políticas educativas que el Estado implementa en la educación pública peruana no cumple con impulsar efectivamente el desarrollo social, económico y nacional del Perú. Ningún gobierno de estas últimas décadas ha dado medidas globales y pertinentes para solucionar la crisis educativa. Por el contario el estado desde la década de los 90 ha minusvalorado la escuela pública para dar primacía al sector privado. Y que la concepción básica de la Ley General de Educación es que la escuela pública va a mejorar aplicándole recetas de la administración empresarial.

Como el magisterio es el chivo expiatorio de la crisis educativa se busca domesticarle, acallarlo y someterlo vía leyes que penalicen la labor docente, a eso obedece el proyecto de Ley de Reforma Magisterial que no es otra cosa que la expresión de la dañina acción del gobierno en contra de la educación pública. Quiere convencer a la ciudadanía que ajustando o presionando con el despidiendo al profesorado va a “trabajar bien”, con eso se va a superar la crisis educativa, evadiendo así olímpicamente la responsabilidad del Estado y seguir asignando presupuestos reducidos a la educación nacional.

En el año 2007 ya ha fracaso en su intento de doblegar al magisterio con la Ley Nº 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial y que en la actualidad apenas 16% del magisterio nacional esta ubicado en citado régimen laboral, algunos maestros iban con el anhelo de ganar más, pero la gran mayoría del magisterio prefirió su estabilidad y derechos adquiridos, antes que someterse al vil chantaje de renunciar a la Ley del Profesorado a cambio de incentivos económicos. El principal impedimento que ven los neoliberales para despojar de sus derechos al magisterio es la Ley del Profesorado, por ello primero generaron normas de menor jerarquía que la contradigan como es el caso del DS Nº 051-91-PCM que redujo el cálculo de los beneficios de remuneraciones totales a remuneraciones totales permanentes, seguidamente se congelo los ascensos por más de una década, finalmente hoy quiere derogarla vía el proyecto de Ley de Reforma Magisterial.

El gobierno y sus funcionarios declaran que ellos quieren “la evaluación como medio de ajustar a esos maestros mediocres y sacarlos de las aulas para mejorar la educación”. Se ve, a las claras, que quienes afirman esto, desconocen el verdadero significado de lo que es evaluación y la reducen a meras pruebas que no reflejan lo que sucede en el aula. La evaluación es un componente inherente a todo el proceso educativo por el cual, se van detectando las debilidades o desvíos que hay en una actividad educativa, para en el acto ir corrigiéndolas y no esperar a que concluya para recién corregir. Por ello la evaluación que propone el gobierno en su proyecto de ley es conocida con el nombre de evaluación punitiva que se basa en concepciones arcaicas (esclavismo-servilismo) de que a través del miedo y el terror las personas van a trabajar mejor, para ello condicionan con despidos o reconversiones laborales a quienes no aprueben las evaluaciones. La pedagogía y la didáctica ciencias fundamentales de la educación en sus diversas teorías coinciden en afirmar que la evaluación debe tener un carácter formativo y no punitivo, la evaluación es inherente a todo acto humano y por lo tanto no puede satanizársela como una herramienta de despido o exclusión a los profesionales de la educación como si fuéramos objetos descartables.

Los funcionarios del MINEDU muchos citan y nos llaman a copiar el modelo educativo chileno que ha marginado a las mayorías en provecho de una pequeña minoría, motivo el cual hoy el estudiantado y sociedad chilena exige educación gratuita. Pero el MINEDU para el 2013 pretenden anular el DCN e imponer la programación curricular por “mapas de progreso” que en Chile han fracasado y han sido desechado porque en nada a contribuido a mejorar la educación chilena, pero para el próximo año nos van obligar a emplear algo no que no sirve, de ¿quien será el negocio?. Así como el negocio de las evaluaciones, en Chile anualmente apenas han logrado evaluar a 15 mil maestros anualmente. El otro tema es el presupuesto, el hecho que no se quiera consignar el monto de las asignaciones y se deje para que en el futuro lo establezca el Ministerio de Economía y Finanzas, nos demuestra que el propósito no es mejorar la labor docente en su desarrollo, en sus remuneraciones y méritos, el propósito principal es humillar al magisterio, acallarle y someterse a un régimen laboral injusto y explotador.

No se trata de gobernar con autoritarismo y de espaldas a las necesidades del pueblo, hoy que el país tiene su economía en azul, la distribución del bienestar no debe quedarse en las minorías poderosas que detentan el poder económico, sino que el bienestar debe llegar al pueblo, para mejorar la calidad de vida de los hogares peruanos y por efecto los niños y jóvenes lleguen a las aulas mejor alimentados para poder aprender más.

Ángel Agustin Salazar Piscoya

DECANO NACIONAL CPPe

 

LA HUELGA MAGISTERIAL ES POR DEFENDER LA LEY DEL PROFESORADO, POR LO TANTO LA HUELGA ES CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA

LA HUELGA MAGISTERIAL ES POR DEFENDER LA LEY DEL PROFESORADO, POR LO TANTO LA HUELGA ES CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA

La problemática magisterial no esta al margen de la pobreza, la exclusión y la marginación que hoy existen en el Perú son producto de la injusticia y desigualdad en la que se basa el sistema capitalista. Hoy los maestros y maestras están en huelga para defender sus derechos que pretenden ser arrebatados por el gobierno a través del proyecto de Ley de Reforma Magisterial. Pero por que son necesarios los derechos de las personas o para que sirven: ¿paliar la pobreza existente o eliminarla?, ¿redistribuir la riqueza o socializarla?, ¿reducir la precariedad existente o eliminarla?, ¿cubrir los niveles de subsistencia o potenciar la autorrealización del individuo?, etc.

En la tradición sindicalista la formulación y reivindicación de derechos concretos se ha concebido como una lucha permanente por arrancar mayores cuotas de seguridad y libertad para las clases populares y trabajadoras, promoviendo con ello mayores posibilidades de autoorganización y preparación con el fin de elevar la conciencia de cambio y de autogestión social de la economía. El planteamiento de los derechos no es pues un planteamiento jurídico o institucional, más bien consiste en una estrategia de progresiva apropiación social de la responsabilidad colectiva en la garantía de la igualdad de todos y todas, como premisa y condición necesaria para el desenvolvimiento de la máxima libertad de los individuos. Una cita clásica, bastante repetida antaño pero no siempre suficientemente comprendida procede de Bakunin:

 

“No soy verdaderamente libre más que cuando todos lo seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. Es al contrario la esclavitud de los hombres la que pone una barrera a mi libertad, o lo que es lo mismo, su animalidad es una negación de mi humanidad, porque –una vez más- no puedo decirme verdaderamente libre más que cuando mi libertad, o, lo que quiere decir lo mismo, cundo mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consisten en no obedecer a ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones propias, reflejados por la conciencia igualmente libre de todos, vuelven a mí confirmados por el asentimiento de todo el mundo. Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todo el mundo, se extiende hasta el infinito”.

(Bakunin, “Notas sobre Rousseau”)

 

Por lo tanto, desde esta perspectiva los derechos en general, se miden siempre en función de su capacidad y alcance en la extensión de la libertad de cada cual. Los derechos, desde esta perspectiva, son en primer lugar y ante todo principios éticos de justicia e igualdad social, pero que deben configurarse siempre como reivindicaciones concretas e inmediatas orientadas a la consecución de la máxima libertad de conciencia, pensamiento y acción de los individuos. Son, pues, los derechos valores para la acción social y la confrontación colectiva en pro de la dignidad humana, entendida como utopía libremente construida y mutuamente acordada. Este debe ser, por tanto, nuestra premisa y nuestro horizonte.

 

La lucha por los derechos es dual: es una lucha contra el Estado, en tanto que todo derecho transferido al individuo es una limitación impuesta al poder autárquico del Estado y reapropiado por la sociedad en su conjunto; pero es al mismo tiempo una lucha para que el Estado no desvíe, manipule o gestione tales derechos en función de los intereses de los empresarios capitalistas que lo sustentan.

 

En cualquier caso no debemos perder de vista que siempre el reconocimiento de un derecho supone la abolición de un privilegio, lo que significa que se ha conseguido mediante el conflicto y la lucha social. Del mismo modo en tanto que cualquier derecho social adquirido supone:

 

“transferencias de recursos de los más pudientes a los más desaventajados, sólo pueden  pensarse a partir de limitaciones al derecho de propiedad”.  (Informe Observatori DESC )

 

Los derechos han de concebirse como derechos contra el capital en sus múltiples formas. Cualquier mínima limitación del poder del mercado y de la propiedad privada como relación de poder dominante será bienvenida siempre que suponga una real y efectiva transferencia de poder de gestión de los empresarios (actualmente multinacionales) a manos de la sociedad en su conjunto, y de los trabajadores y trabajadoras en particular. Los derechos laborales deben colocarse como permanentemente enfrentados a los privilegios –que no derechos- patrimoniales de quienes detentan el poder económico y político, sólo de este modo estaremos cuestionando activamente el sistema capitalista existente.

 

Para ello es necesario medir todo derecho ganado en términos de recursos y servicios efectivamente implementados en pro de la satisfacción de necesidades socialmente definidas y gestionadas. Todo derecho debe ser concebido como un espacio de confrontación anticapitalista.

 

Sin embargo, resulta al menos paradójico cómo en el momento de mayor ataque por parte del Estado y del Capital a los exiguos derechos adquiridos en lo laboral y en lo social, los sindicalistas caen el fácil juego del capitalismo de reducir progresivamente el alcance de los derechos, tan es así que aceptan la eliminación de la estabilidad laboral absoluta por la estabilidad relativa e insulta la inteligencia al decirnos que es una reactualización del derecho y le denominan “reconversión laboral”.

 

Al hacerlo no están claro si su acción sindical está encaminada a defender derechos o limitarlos, cuando la tarea es profundizar y ampliar el derecho laboral. Ante la arremetida del proyecto Ley de Reforma Magisterial la única bandera de lucha es la defensa y vigencia de la Ley del Profesorado. La propuesta del Estado es maestros sin derechos y sumisos. La propuesta del magisterio es respeto de sus derechos y libertad de enseñanza. La confrontación esta dada, de la consecuencia y claridad de los contrincantes depende quien triunfe.

 

LA INJUSTICIA GANA UN RATO, PERO LA JUSTICIA VERDADERA TRIUNFA AL FINAL

 

Ángel Agustin Salazar Piscoya

DECANO NACIONAL