La educación de un pueblo es el eje fundamental para promover su desarrollo, si, así lo entendieron y lo entienden los países más desarrollado que el nuestro, entonces ¿porque se sigue postergando la llamada revolución educativa?. Si el reconocer la educación como derecho y su importancia no sólo para el desarrollo humano sino también para el desarrollo integral de la sociedad entonces por qué en nuestro país se le sigue ninguneando y aplazando para el largo plazo el incremento de su presupuesto y se continúe maltratando al magisterio.
El 28 de julio la sociedad y en especial el magisterio esperaban que el Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, anunciará el incremento del presupuesto educativo que viabilice la modernidad y mejora de la calidad educativa, los maestros esperaban que anunciará la solución a la huelga magisterial anunciando el pago del 30% por preparación de clases tanto en lo que corresponde a la deuda social y la continuidad de la misma, el inmediato pago de sus bonificaciones por tiempo de servicio, subsidio por luto y gastos de sepelio. Otro sector esperaba los tan publicitados aumentos que el premier y la ministra habían anunciado días previos al mensaje. Citados temas fueron obviados y por el contrario anuncio un proyecto de Ley de Desarrollo Docente basado en la meritocracia y el buen desempeño, proyecto de ley que muchos desconocen y que allí supuestamente estarían los aumentos según escalas congeladas, así una vez más el magisterio se ve burlado y marginado, y el gobierno sigue con la política continuista de Alan de no aumentar al magisterio por sétimo año consecutivo. O condicionar todo aumento a que renuncie a la Ley del Profesorado o sea a sus derechos adquiridos. De esa manera ante la opinión pública aparenta que va aumentar al magisterio, desvía la atención de los reclamos magisteriales y finalmente pasaran meses antes que se apruebe citada ley del Desarrollo Docente.
El estado tiene el deber de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y al margen de sus programas sociales que buscan generar inclusión pero focalizada, que para nosotros estos sigue generando desigualdades. El estado debe garantizar que exista una explotación racional de sus recursos, evitar el saqueo y depredación de nuestro medio ambiente, atender con sueldos dignos a los trabajadores, dialogar y solucionar los reclamos sociales. El hecho de evadir o hacerse de los oídos sordos a todo esto no es más que ser cómplice de la injusticia y generador de los conflictos sociales en el Perú.
Ante esta situación pedimos al gobierno central inmediato pronunciamiento sobre:
1. El debido financiamiento de la educación es un imperativo presente no a futuro por lo que el gobierno debe asignar el 6% de PBI, si es que quiere mejorar la educación nacional.
2. El gobierno debe comenzar a pagar la deuda social que tiene con el magisterio respecto al 30% por preparación de clases y cumplir con el pago continuo tal como lo establece la Ley del Profesorado.
3. Toda propuesta de cambios en los regímenes laborales del magisterio deben ser materia de debate y consulta con el magisterio nacional.
4. Atender y dialogar con los dirigentes representativos de las regiones hoy en huelga a fin de ir solucionando progresivamente sus reclamos reivindicativos.
5. Desarrollar un plan nacional que atienda con perfeccionamientos, especializaciones y actualización técnico pedagógica a todo el magisterio nacional, ¡AHORA!
Lic. Ángel Agustin Salazar Piscoya
DECANO NACIONAL CPPe
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